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¿Cuál es el procedimiento a seguir para obtener una prestación por riesgo durante la lactancia natural?


 
La prestación por riesgo durante la lactancia natural es un subsidio económico que pretende cubrir la pérdida de rentas que se produce durante el período de suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural, en aquellos casos en que, debiendo la trabajadora cambiar de puesto de trabajo o actividad por otro compatible con su situación, ese cambio no resulta posible.

Pues bien, como hemos dicho, una vez declarada la suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia de la trabajadora afectada, para el reconocimiento del subsidio, ésta deberá presentar la solicitud ante la Dirección Provincial competente de la Entidad Gestora de la provincia en que aquélla tenga su domicilio o ante la Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social que le corresponda. Junto a esa solicitud, formulada en los modelos establecidos al efecto, se presentarán los siguientes documentos:

— certificación médica sobre la existencia de riesgo,

— declaración expresa de la empresa sobre la inexistencia de puestos de trabajo compatibles con la situación de la solicitante, o, en caso de existir, sobre la imposibilidad de realizar el traslado correspondiente, y de la documentación precisa para acreditar la identidad y las circunstancias determinantes del derecho, figurando la fecha en la que se ha suspendido la relación laboral de la trabajadora,

— informe sobre estas últimas circunstancias emitido por el servicio que desarrolle las funciones de prevención para la empresa (propio o ajeno), y

— certificado de la empresa en el que conste la cuantía de la base de cotización de la trabajadora por contingencias profesionales, correspondiente al mes anterior al del inicio de la suspensión del contrato de trabajo y, en su caso, las cantidades de percepción no periódicas, abonadas al trabajador durante el año anterior a la fecha de suspensión del contrato.

Tras analizar esta documentación la entidad gestora dispondrá de un plazo de 30 días, contados desde la recepción de la solicitud, para dictar y notificar la correspondiente resolución que reconozca o no el derecho a la prestación económica solicitada.

En caso de que la resolución sea negativa se indicará, en su caso, la fecha a partir de la cual sí podrá reconocerse esa prestación, teniendo en cuenta la certificación médica sobre la existencia del riesgo y la evolución en el estado de gestación, en relación con el riesgo específico derivado del puesto de trabajo, en estos casos no sería necesaria una nueva solicitud sino sólo la aportación de la documentación mencionada en los dos últimos apartados.











 
 
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